Derechos y Castigos
Jue 19 de noviembre de 2009 a las 03:00 PM
La legislación venezolana, particularmente la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, conjuntamente con un amplio cuerpo de leyes colaterales, contempla una vasta tipología de delitos informáticos y sanciones específicas, que pueden llegar hasta los 16 años de prisión; desde el acceso indebido culposo, la facilitación culposa de daños, sabotaje a sistemas, posesión de equipos para sabotaje, espionaje informático, falsificación de documentos, hurto de información, fraude a través de comercio electrónico, hasta la difusión o exhibición de material pornográfico y la exhibición pornográfica de niños o adolescentes.



Tanto en las pequeñas como en las grandes empresas 2009 fue el año del software como un servicio, pero la transformación de este segmento de mercado en un masivo fenómeno ha dificultado la tarea de los proveedores de servicios. Un obstáculo para la mayor adopción de SaaS ha sido la falta de ejecutivos que posean una visión clara en torno a las mejores prácticas para los protocolos de seguridad y protección de datos.
Con el propósito de ofrecer claves combinadas para fortalecer la seguridad de la información, un destacado panel de juristas, tecnólogos empresarios y expertos en seguridad se reunieron durante el Encuentro de Telemática y Derecho, evento, organizado por el Instituto de Estudios Jurídicos, Telemáticos y de Seguridad, que contó con la participación de Beatriz Di Totto Blanco, co redactora de la Ley de Delitos Informáticos; Jesús Rodríguez, abogado especialista en Derecho Informático y director de Juristelseg; Rafael Núñez, ex – hacker y asesor en seguridad informática; Luis Bustillo Tábata, comisario e investigador de la Dirección de Delitos Informáticos del CICPC; Milthon J. Chávez, auditor informático certificado y asesor internacional, Francisco Pecorella, asesor de inteligencia en seguridad bancaria y Luis Caraballo, director del Instituto Estratégico de Futuros.
El abogado Jesús Ramón Rodríguez, director de Juristelseg, llama la atención sobre la responsabilidad que se genera de la gestión de la seguridad de la información. “Se trata de una responsabilidad social y corporativa, que puede llegar a tener implicaciones de tipo penal, ya que pueden verse afectados derechos fundamentales como el derecho a la privacidad, a la intimidad, e incluso el derecho a la vida”, expresa.
Refiriéndose a la metodología de la auditoría informática, Milthon J. Chávez, auditor informático certificado, acota que el primer paso en la gestión de la seguridad debe ser el análisis del riesgo. Ser efectivo exige tener conciencia de a qué tipo de amenazas nos estamos enfrentando. En este sentido, advierte que es importante saber que estamos ante una industria organizada y altamente sofisticada. “Nuestra ley de delitos informáticos no está preparada para ese gran delito informático, pseudo corporativo, transnacional, superorganizado, que es el ciber crimen organizado, el cual va en camino de convertirse en el mejor negocio del mundo”, anota.
Entre los avances tecnológicos previstos para los próximos 10 a 15 años, el prospectivista Luis Caraballo, menciona las tecnologías de superconductores, biochips, ingeniería cerámica, órganos artificiales, diferencias genéticas, materiales inteligentes, traducción simultánea, computación paralela, computadores inteligentes y toda una abrumadora lista de tecnologías emergentes. “Ya para el 2020 se estará emulando la capacidad de procesamiento del cerebro humano, dijo. La potencia de los ordenadores aumenta en cada década a razón de 4.000 veces por unidad de coste”, detalla. En su opinión, la adopción de cada una de estas innovaciones tecnológicas acarrea nuevas y distintas modalidades de delitos informáticos, que deberán ser atendidos y conocidos.
